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Miércoles 24 de octubre del 2018

¿Emergencia en adicciones o la fascinación por decretar?


El día 7 de diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo Nacional emitía el decreto 1249/2016 en el que establecía la emergencia nacional en materias de adicciones, la que finalizaría el 31 de diciembre de 2018. Prácticamente se determinaba la emergencia por dos años.

Entre sus considerandos, el 1249/2016 decía: "Que mediante el decreto 228/2016 se evidenció la decisión del Estado Nacional de combatir el narcotráfico con el máximo rigor, y sus consecuencias gravosas en relación con la salud de los ciudadanos. Que en efecto, como contrapartida al avance del narcotráfico que se evidencia en las últimas décadas en nuestro país, se ha incrementado el consumo de drogas, lo que impacta en la salud de la ciudadanía".

Claramente el Gobierno nos advertía que la política sería aumentar el control fronterizo y relacionaba directamente el avance del narcotráfico con el avance de los consumos. Pensar que, tal vez, sea a la inversa o al menos una avenida de dos manos no forma parte de la lógica gubernamental. Otro aspecto a tener en cuenta es que esta relación narcotráfico-consumo deja fuera de la política de drogas a las drogas legales.

El decreto constaba de solo tres artículos. El primero describía el objetivo que buscaba establecer esta emergencia: "Declárase la emergencia nacional en  materia de adicciones para todo el territorio de la República Argentina, con el objeto de atender al abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática".

El segundo artículo determinaba el plazo de la emergencia (como dijimos dos años) vaya a saber con qué estudios o diagnóstico que establecían el plazo de dos años. El tercer y último artículo fijaba la competencia de la Sedronar para alcanzar los objetivos.

El día 12 de diciembre de 2016 los principales diarios del país titularon: El Gobierno declaró la emergencia nacional en adicciones hasta 2018 mediante el decreto publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada insta a "atender al abordaje integral" con ejes en la prevención, el tratamiento y la inclusión social.

Hoy, habiendo pasado el 90% del tiempo fijado (21 de los 24 meses establecidos), necesariamente nos hacemos algunas preguntas: ¿Cuáles son las políticas preventivas diseñadas, ejecutadas y cuáles son los resultados obtenidos? ¿Qué paradigma de asistencia se llevó adelante y con qué resultados? ¿Qué políticas se han desarrollado respecto a drogas legales (alcohol y tabaco) y de las drogas legales cuando se usan ilegalmente (psicofármacos cuando no son recetados por médicos)? ¿Cuáles son los ejes de la política de inclusión social? ¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a esas políticas? ¿Con qué parámetros se estableció el plazo que vence el 31 de diciembre de este año?

La realidad bien nos puede contestar esas preguntas. Nula prevención, escasísima asistencia y más exclusión social. Estos son los resultados cuando lo que se busca es el título del día siguiente. Triste es ver cómo se usa una problemática que tanto preocupa para hacer mucho ruido y no generar una sola acción real y seria, a largo plazo, como debe pensarse en este tema.

El Gobierno, es lógico, mira la realidad desde su ideología, lo que no puede es ser superficial y pensar solamente en los diarios del día siguiente.

Volvemos a instar al Poder Ejecutivo Nacional a convocar a un amplío debate parlamentario con la participación de los distintos actores que abordan la temáticapara construir una política seria, duradera, evaluable y corregible que seguramente se alejará de los titulares circunstanciales pero se acercará a las soluciones que todos esperamos.




Video del 21 Aniversario del asesinato de Regino Maders